110 aniversario del asesinato de Ramón Cáceres

Luego de la renuncia del presidente Carlos Morales Languasco, a principios de enero de 1906, Ramón Cáceres, en su condición de vicepresidente, asumió la presidencia, y de inmediato promulgó una nueva Constitución que le permitió ser reelegido en las elecciones del 2 de mayo de 1908. Se juramentó el primero de julio para el periodo presidencial que debía terminar en 1914.
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En el nuevo gabinete Cáceres mantuvo en el Ministerio de Hacienda, a su asesor principal, Federico Velásquez, a quien, además, responsabilizó del Ministerio de Fomento y Comunicaciones. Esta decisión activó la conspiración de sectores contrarios al funcionario y que rechazaban el acta de la convención de 1907 suscrita con el gobierno norteamericano.

Otros ministros fueron José María Cabral y Báez, en Relaciones Exteriores; Ramón A. Román, de Interior; Emiliano Tejera Bonetti, en Agricultura; Manuel Lamarche García, de Justicia, y el general Jesús María Céspedes, Ministro de Guerra y Marina.


Las intrigas contra Velásquez aumentaron a medida que su influencia sobre el Presidente crecía. Todas las cuestiones públicas eran referidas a él por el Presidente, y los miembros de la mayoría en el congreso estaban acostumbrados a consultar al titular de Hacienda, antes de dar su voto, para saber cuales eran los deseos de la administración.

Velásquez, en fin, ocupaba un puesto de suprema importancia dentro del gobierno y su influencia sobre el Presidente era decisiva, no obstante la virtual oposición de sectores interesados.


Derivado de ese hecho, a mediados del año 1908 se iniciaron intentonas revolucionarias en el país, orientadas por los expresidentes de la República Juan Isidro Jimenes, que se encontraba en Puerto Rico, y Morales Languasco, que había sido amnistiado por el presidente Cáceres. También participaba el sector radical de Horacio, encabezado por su hermano Leonte Vásquez.


No obstante esos brotes revolucionarios contra el gobierno y su ministro de Hacienda, el Presidente mantuvo su posición de confiar implícitamente y se negó públicamente a flaquear en su lealtad a don Federico. Defendía abiertamente la capacidad y honestidad del titular de Hacienda.


En el verano de 1911, hace 110 años, Cáceres recibió avisos de que enemigos de su gobierno, al no poder derrocarlo por medio de una revolución, habían decido asesinarlo.

El presidente no solo estaba seguro de la estabilidad de su gobierno, sino que estaba convencido de que su propia popularidad era demasiado grande para permitir que se hiciera tal atentado. Pero el gobernante olvidó que él se había creado un enemigo personal muy peligroso y vengativo: el general Luis Tejera, hijo de su propio Ministro de Agricultura, don Emiliano.

Esa repulsa contra el presidente obedeció a que Cáceres rechazó proposiciones del oficial, de asesinar al Presidente Morales, de quien era su vicepresidente.


De igual manera, después de ascender a la presidencia en el segundo período, el gobernante no accedió a otra petición de Tejera para el nombramiento del coronel Aníbal Roldán como comandante de Armas de la capital, por medio del cual el joven oficial esperaba consolidar su posición en la Guardia Nacional. El presidente nombró, por el contrario, al coronel Alfredo Victoria.


En la tarde del 19 de noviembre del mismo año 1911 un grupo dirigido por el hijo de don Emiliano, interceptó el coche en el que Cáceres solía pasear con una de sus mujeres, se produjo un tiroteo en la avenida Independencia, próximo al balneario de Guibia, y el presidente recibió varios disparos que le arrebataron la vida. El gobernante iba acompañado solo del coronel Chipí Pérez, jefe de su estado mayor.

Gobierno de Cáceres

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Su gobierno construyó múltiples obras de infraestructura, tales como caminos, puentes, escuelas y carreteras, y un nuevo ramal del ferrocarril central dominicano; aumentó las líneas telegráficas, organizó la administración del país y creó la dirección de Obras Públicas. Desarrolló e incentivó la agricultura y fue el creador de la primera escuela agrícola en Moca, donde se formaron los primeros profesionales del agro. Asimismo, promulgó una ley de franquicias agrícolas, que declaraba como prioridad del Estado todas las inversiones que significaban el desarrollo del campo

Exoneró de impuestos de exportación y fabricación al azúcar y favoreció a los inversionistas extranjeros, especialmente a los norteamericanos, a los cuales no solo les exoneraban los impuestos, sino que se les concedían tierras y tenían derecho a importar mano de obra para abaratar los costos de producción. Estas medidas a favor de los inversionistas extranjeros perjudicaba a los campesinos, especialmente a los de la región Este, donde instalaron grandes compañías azucareras que desplazaron de sus tierras a ocupantes que no poseían títulos de propiedad legalizados, por lo que se vieron obligados a vender sus tierras a bajo precio, o sencillamente, abandonarlas. Más de dos millones de tareas de tierras estaban en manos de estadounidenses, italianos, cubanos y españoles, que destinaron a la industrialización de la caña.

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