Ricardo Román, presidente de la ADG y quien figura como uno de los demandantes en el pleito contra el gobierno de Puerto Rico, indicó que la entidad decidió radicar el recurso legal en el foro federal, en vez del estatal, porque los federales han ocupado el campo.
Otro de los demandantes es Miguel Rivera, quien es detallista operador de Fairview Service Station.
Señala en la demanda que la Ley Dodd Frank, aprobada en el 2010 y que reformó el sistema financiero de Estados Unidos, volvió a reconocer el derecho de los comerciantes a ofrecer descuentos a los consumidores que hagan sus pagos en efectivo.
Román manifestó que la Ley 152 de 2013 no prohibió el descuento, solo eliminó el artículo que hablaba sobre el doble precio. No obstante, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames, mediante orden, sí prohibió dicha práctica y amenazó a los detallistas con multas y cargos criminales si no eliminaban dicha práctica.
En el recurso legal se indica que la nueva Ley 152 es vaga, ya que no establece a quiénes les cobija y los detallistas están en la incertidumbre si pueden otorgar los descuentos o no, tal y como se permite en la esfera federal.
Por tal razón, solicitan que dicha Ley, así como la orden del DACO, se dejen sin efecto.
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