Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó hoy que están en la etapa de investigación 43 casos de 52 sometidos a esa dependencia por corrupción estatal.


En su informe anual correspondiente al 2009 indican que de esos expedientes, siete están en la fase de juicio de fondo y cuatro con solicitud de medidas de coerción.

El informe precisa que de esos casos que ingresaron en la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa que dirige Hotoniel Bonilla, están bajo medidas de coerción los de malversación de fondos en la venta de cebollas en la Secretaría de Agricultura, regional San Juan de la Maguana.

En ese sentido el juez de instrucción de esa jurisdicción dictó medidas de coerción contra los imputados Antonio Ramírez, Victoriano Reyes, Rafael Reyes, Héctor Morillo, Fernando Ogando y Hungría Jiménez.

También, el caso del Ayuntamiento de Constanza que se conoció en audiencia preliminar el pasado 24 de julio en el Juzgado de Primera Instancia de ese municipio contra el ex síndico José Elías Quezada Ortiz y el ingeniero Manuel Amado Gómez.

El del Programa de Reducción de Apagones (PRA), con medidas de coerción en contra de Marcos Lara, Nicolás Concepción y Sauris Rodríguez Sánchez, y está en vía de presentarse acusación formal.

El del Ayuntamiento de Villa Altagracia, donde la Corte de San Cristóbal dictó medidas de coerción (presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país) contra los imputados Franklin Vargas y Pedro Peralta, actual síndico de Villa Altagracia.

CASOS EN JUICIO DE FONDO

Los casos que están en juicio de fondo son el relacionado con la Secretaría de Finanzas, el de Laura Román, de Inagujas, de las turbinas, y de los ayuntamientos San José del Puerto, Montecristi y San José de Ocoa.

Al presentar un informe sobre su desempeño en el 2009, la PGR destacó el afianzamiento de la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, con la inversión de más de 346 milones 800 mil pesos en la construcción y remodelación de los centros de corrección y rehabilitación La Isleta de Moca, el mayor del país; así como la primera etapa del CCR de San Pedro de Macorís, mientras se dan los toques finales para dejar abierto en este mes de enero, el recinto femenino de Baní.

Señala que el de Moca, para mil 200 internos, fue levantado a un costo de RD$ 261, 860,363.86. En junio de este año, inauguró la primera etapa del CCR de San Pedro de Macorís con un monto de RD$70 millones, y el recinto de Baní, que alojará a 90 internas, tiene un prepuesto superior a los RD$14.9 millones.

La PGR presentó además, presentó proyectos de reforma legislativa en los cuales propone la creación de nuevas leyes o la modificación de las existentes sobre temas de interés para las labores que realiza la DPCA, como la modificación de la Ley 82-79 sobre declaración jurada de bienes, así como la creación de otras sobre protección a testigos y denunciantes de casos de corrupción, y de cooperación jurídica internacional.