Uno de ellos ha sido el excongresista republicano Connie Mack (Florida), quien por medio de sus empresas de cabildeo Mack Strategies y Liberty International Group ha sido cabildero de firmas de inversiones vinculadas a las crisis de deuda de Puerto Rico y Argentina.
Antes de dejar su escaño en el Congreso, cuando era presidente del subcomité de Asuntos Exteriores, Mack promovió una medida que buscaba forzar al gobierno de Argentina a pagar su deuda de $3,500 millones con inversionistas estadounidenses.
Tras salir de su puesto, por medio de Mack Strategies, el exlegislador se convirtió en cabildero del grupo American Task Force Argentina. En esa tarea trabajó de cerca con la firma de relaciones públicas DCI, que en las controversias con Puerto Rico ha representado al antiguo banco Doral y a la firma de inversiones Blue Mountain.
En los últimos dos años, Liberty International Group ha reportado al Congreso gastos de cabildeo que rondan $200,000 en favor de Blue Mountain, una de las firmas que ha combatido la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico tenga acceso a un estatuto general de quiebras, sea federal o puertorriqueño, según el registro de cabilderos del Senado estadounidense.
En el primer trimestre de 2016, Mack Strategies también reportó $40,000 en gastos de cabildeo a favor de un grupo de inversionistas con obligaciones generales – el nombre es "G.O. Bondholders" -, del gobierno de Puerto Rico.
La primera audiencia del Congreso en que se discutió el tema de la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico – atado al debate sobre Argentina-, fue precisamente organizada por el subcomité de Asuntos Exteriores que antes presidió el excongresista Mack.
"Es evidente que Estados Unidos no puede desentenderse de los problemas financieros de Puerto Rico. Una posibilidad es nombrar una junta administrativa federal, similar a las que tuvieron a su cargo los asuntos del Distrito de Columbia entre 1995 y 2001", indicó en la audiencia del 31 de julio de 2014 James Glassman, experto del American Enterprise Institute (AEI) y quien fue subsecretario de Estado para Asuntos Públicos durante del gobierno de George W. Bush.
Glassman habló en aquella audiencia sobre la pugna del gobierno de Puerto Rico con el banco Doral, a quien representaron tanto la firma de relaciones públicas DCI como el propio excongresista Mack.
Son varias las empresas relacionados con otras crisis recientes, entre ellas Aurelius Capital Management, Monarch Alternative Capital, and Canyon Capital, que tienen deuda de Puerto Rico, Argentina, Grecia y Detroit.
Recientemente, el ex juez de quiebras Steven Rhodes, quien ha estado subcontratado por el gobierno de Puerto Rico por medio de la empresa Cleary Gottlieb, fue nombrado gerente de transición en el distrito de Escuelas Públicas de Detroit. Rhodes fue antes el juez de quiebras ante el cual se litigó la bancarrota de la ciudad de Detroit.
Cleary Gottlieb, que este año fiscal devenga sobre $15 millones como consultor en reestructuración del gobierno de Puerto Rico, trabajó antes con las crisis de Grecia y Argentina.
Jim Millstein, cuya compañía tiene este año un contrato de $25 millones con el gobierno de Puerto Rico, de quien es el principal asesor en el área de reestructuración de deuda, fue desde el Tesoro el arquitecto de muchas de las transacciones relacionadas a la crisis financiera estadounidense de la década pasada.
Stephen Spencer, de la empresa Houlihan Lokey y asesor del grupo AdHoc de bonistas vinculados a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y otras corporaciones públicas de la Isla, también fue consultor de algunas de las principales firmas de inversiones durante la crisis de Detroit.
Un análisis de El Nuevo Día reveló que en los dos últimos años las fuerzas a favor y en contra de que el gobierno de Puerto Rico tenga un estatuto general de quiebras han invertido sobre $10 millones solo en cabilderos como Mack y campañas de publicidad como la que desarrolla actualmente el grupo conservador Centro para la Libertad Individual en contra del proyecto 4900 que establecería una junta federal de control fiscal, con ciertos poderes para reestructurar la deuda del gobierno puertorriqueño.
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